Qué cambia con el nuevo decreto de transparencia de Sheinbaum

El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto orientado a fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la herramienta a través de la cual las dependencias federales publican información pública. La medida llega en un contexto particular: desde la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), la vigilancia de qué tan abiertas son las dependencias del gobierno quedó, en los hechos, en manos del propio Ejecutivo.

El decreto establece cuatro ejes de información que las dependencias deberán publicar, más allá de lo que ya exigía la ley vigente:

1. Contrataciones públicas. El detalle de qué compra el gobierno, a quién y bajo qué condiciones pasará de reportarse de forma trimestral a hacerlo mensualmente.

2. Filiales de Pemex y CFE. Información financiera, de gobierno corporativo y de contratos de las empresas subsidiarias de ambas paraestatales.

3. Fiscalización y auditorías. Programas anuales de auditoría, observaciones detectadas y los despachos externos contratados para realizarlas.

4. Invitación a estados y municipios. El decreto exhorta -sin poder obligar, ya que no tiene facultad sobre otros poderes ni órdenes de gobierno- a que entidades federativas, municipios y los poderes Legislativo y Judicial adopten el mismo estándar.

Un cambio de fondo, más allá de los cuatro ejes, tiene que ver con quién decide qué información se reserva. Hasta ahora, ese criterio quedaba en buena medida a discreción del funcionario en turno; con el nuevo decreto, las excepciones al acceso a la información se limitan explícitamente a casos de seguridad nacional o investigaciones judiciales en curso. Según lo anunciado durante la conferencia matutina, la dependencia responsable tiene 30 días hábiles para actualizar la plataforma con estos nuevos lineamientos.

¿Por qué le importa esto a una empresa que no tiene relación directa con el gobierno? Porque la información de contrataciones públicas -quién gana licitaciones, con qué montos, bajo qué condiciones- es exactamente el tipo de dato que cualquier negocio interesado en participar en compras gubernamentales necesita monitorear de cerca. Si la plataforma efectivamente se actualiza mes con mes y con mejor nivel de detalle, ese ejercicio de inteligencia de mercado se vuelve más viable para pymes que hoy no cuentan con un equipo dedicado a rastrear licitaciones.

El decreto no resuelve por sí solo el debate más amplio sobre la desaparición del INAI ni sustituye a un organismo autónomo de transparencia -ese es un tema que seguirá discutiéndose en el terreno legislativo durante los próximos meses. Lo que sí hace, en el corto plazo, es fijar un estándar más concreto de qué información debe publicarse y con qué frecuencia, algo verificable en la propia plataforma dentro de los próximos 30 días hábiles.

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