Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, dio a conocer que en las próximas semanas van a dar un informe de los detalles que se tengas sobre la investigación en el caso de fraude de Segalmex, haciendo hincapié en que este desfalco es la única mancha en lo que va de su administración.
“Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el Gobierno del General Cárdenas, y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal”, mencionó el mandatario.
De igual manera, AMLO intentó quitarle la culpa al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, señalando que quienes fueron los autores del fraude son personas que laboraban con él, más no Ovalle. “Comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, lo engañan empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios”, comentó.
Quien también se pronunció al respecto fue el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quien dice que la cantidad que se refiere a las irregularidades que se habían dicho no son correctas, siendo que se decía que era de 15 millones de pesos, pero que en realidad es de 9 mil 500 millones de pesos por parte de Segalmex entre el 2019 y el 2020.
“La cifra de 15 millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está funcionando. Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales mil millones de pesos fueron por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la ASF”.
Aquino también dijo que las evidencias que se añadieron y que fueron aportadas por las tres dependencias son analizadas una por una para poder ver con claridad y revisar el momento en que se hicieron uso de los documentos y comprobantes de pago que justifican el uso de esas cantidades de dinero y dar un veredicto sobre si son actos delictivos o si simplemente son faltas administrativas.
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